El vínculo entre la desinformación y la privacidad
La desinformación impulsada por internet y el uso de las redes sociales supone un desafío que muchos hacedores de políticas están abordando o están dispuestos a abordar. En internet, la desinformación es cada vez más personalizada. Este fenómeno es tan preocupante que ha sido identificado como uno de los principales riesgos globales a corto y medio plazo.
En tiempos de la IA generativa, donde el costo económico y la dificultad técnica que supone la producción y difusión de contenido de desinformación se ha reducido notablemente, la preocupación por el impacto de la desinformación va en aumento. Mientras tanto, la privacidad online y la protección de los datos personales son una agenda inconclusa en América Latina.
Existe una conexión intrínseca entre la capacidad de recolectar y procesar grandes cantidades de datos personales y la forma en la que se crea y divulga contenido de desinformación en redes sociales y aplicaciones de mensajería en lo particular y en internet en lo general. Por esta razón, la aplicación de leyes y políticas estrictas en materia de protección de datos personales y privacidad permiten reducir el impacto que tiene el contenido falso o manipulativo. Esto es especialmente importante en contextos electorales, donde la desinformación impacta y empobrece el debate público, afectando de forma directa los derechos políticos y electorales.
El fenómeno de la desinformación es anterior al surgimiento de internet. Pero es gracias al surgimiento de las nuevas tecnologías que su generación y propagación mejora. Esto se apoya en el propio modelo económico que sustenta a las plataformas escalando su efectividad y alcance. Por un lado, las redes sociales poseen algoritmos de recomendación de contenidos que se sirven de los datos personales para generar perfiles a los que luego pueden presentar contenidos publicitarios segmentados, incluyendo propaganda explícitamente política. Esta técnica se conoce como “microtargeting”.
El microtargeting político busca impactar directa o indirectamente en la democracia. Se utiliza para convencer a los votantes, incentivar o desincentivar la participación en las urnas o para recaudar fondos con información deliberadamente sacada de contexto, inexacta o errónea.
El control que ejercen estas compañías plantea serias preocupaciones sobre los derechos de los usuarios. Al tener acceso a cantidades masivas de información personal, estas empresas tienen la capacidad de moldear el contenido que los usuarios ven e interactúan. A través de construir perfiles que pueden revelar hábitos, relaciones sociales, preferencias políticas y opiniones, por mencionar algunos ejemplos. Los datos personales son el combustible que potencia la desinformación hoy en día, ya sea que hayan sido provistos por el propio usuario o generados por las plataformas a partir de sus interacciones en internet.
Para los actores de la desinformación, el acceso a herramientas sofisticadas, como las utilizadas para crear “deepfakes” mediante IA generativa o “bots” programados para manipular contenido, potencia la efectividad de este microtargeting, dificultando su detección.
Desde Access Now señalamos la aplicación de leyes de protección de datos personales y a las políticas de privacidad como un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de nuestras democracias y reducir la manipulación del discurso público en entornos digitales y su impacto en contextos electorales.
Recomendaciones para combatir la desinformación frente a los procesos electorales en América Latina
La desinformación es un fenómeno particularmente visible en contextos electorales. Desde Argentina hasta México, pasando por Brasil, Colombia o Perú, muchos países de América Latina tendrán procesos electorales relevantes en los próximos años.
Brindar a la ciudadanía información de calidad y de diferentes fuentes es un elemento esencial para el ejercicio de los derechos políticos. A los fines de resguardar en la medida de lo posible el proceso electoral, estos países deben hacer valer sus leyes de privacidad y de protección de datos personales a través de sus autoridades competentes, en sintonía con los poderes judiciales y tribunales electorales.
Access Now realiza las siguientes recomendaciones para combatir el fenómeno de la desinformación a partir de la protección de la privacidad durante los contextos electorales:
amÉRICA LATINA COLOMBIA BRASIL PERÚ- Reenfocar las prioridades y pasar de regular la moderación de contenidos a fortalecer e implementar las políticas de protección de datos personales, en particular los principios de minimización, limitación y proporcionalidad:
- Garantizar la prohibición del tratamiento de datos personales sensibles, incluyendo los inferidos, que revelen o puedan revelar la preferencia política de las personas.
- En contextos electorales, el tratamiento de datos personales sensibles es sólo legítimo cuando se haya prestado consentimiento de forma previa, explícita y con propósitos de uso y transferencias estrictamente limitados y claramente informados.
- El tratamiento debe realizarse solamente sobre los datos personales estrictamente necesarios para la finalidad que se persigue.
- Prohibir sumar a usuarios a grupos de mensajería instantánea con fines de divulgación política salvo en casos excepcionales en listas de miembros de partidos políticos o habiendo consentimiento previo e informado por parte del titular.
- Garantizar la prohibición del tratamiento de datos personales sensibles, incluyendo los inferidos, que revelen o puedan revelar la preferencia política de las personas.
- Crear mecanismos de cooperación entre las autoridades de protección de datos y las autoridades electorales para:
- Construir canales fluidos de comunicación a través de, por ejemplo, acuerdos de colaboración formales a los fines de combatir la desinformación y el uso abusivo de datos personales de acuerdo a sus competencias.
- Identificar y desarticular estrategias de desinformación coordinadas como granjas de bots, actividades online que simulan ser “orgánicos” de base ciudadana cuando en realidad están financiadas o coordinadas por un partido, gobierno o empresa, cuentas personales falsas manejadas por una entidad a los fines de manipular la opinión, entre otras.
- Construir canales fluidos de comunicación a través de, por ejemplo, acuerdos de colaboración formales a los fines de combatir la desinformación y el uso abusivo de datos personales de acuerdo a sus competencias.
- Las autoridades, partidos políticos, comunicadores y plataformas de redes sociales deberán garantizar en la medida de lo posible que la población tenga acceso a información relevante para la toma de decisiones electorales.
- Los partidos políticos, autoridades electorales y autoridades de protección de datos deberán destinar un porcentaje de su presupuesto en comunicación para alertar de las consecuencias del microtargeting en contextos electorales.
- Generar alianzas con los fact-checkers y otros comunicadores relevantes como organización de la sociedad civil, influencers y otros, para identificar campañas de desinformación y comunicar a la población de las mismas por diferentes canales, incluyendo los oficiales del gobierno.
- Sistematizar las propuestas electorales desarrolladas por los candidatos y sus plataformas electorales según ejes temáticos para facilitar la comparación entre partidos políticos.
- Acordar estrategias entre autoridades y empresas de plataformas en línea, incluidas redes sociales y chatbots, a inicios de los periodos electorales para que se dé prioridad al contenido desarrollado por las autoridades electorales.
- Toda instancia, protocolo o política creada que involucre a autoridades o entes públicos debe ser comunicada siguiendo los estándares de la transparencia activa.
- Los partidos políticos, autoridades electorales y autoridades de protección de datos deberán destinar un porcentaje de su presupuesto en comunicación para alertar de las consecuencias del microtargeting en contextos electorales.
- Las plataformas deberán inhabilitar herramientas de microtargeting para contenido político electoral durante periodos previamente establecidos.
- Las autoridades, actores técnicos, académicos, sociedad civil y/o plataformas de redes sociales deberán colaborar en la creación de un laboratorio de análisis de impacto algoritmo que permita supervisar el cumplimiento de estas recomendaciones.
- Elaborar informes sobre los resultados alcanzados en especial aquellos que den cuenta sobre la existencia de microtargeting, utilización de datos personales para segmentación, y la exposición a contenido variado en contextos electorales.
- Establecer estrictos protocolos de ciberseguridad para los laboratorios que impidan el acceso a la información privada de las personas usuarias reales
- Elaborar informes sobre los resultados alcanzados en especial aquellos que den cuenta sobre la existencia de microtargeting, utilización de datos personales para segmentación, y la exposición a contenido variado en contextos electorales.
- Las autoridades responsables de supervisar la protección de datos personales y en materia electoral deben contar con autonomía e independencia funcional, económica y técnica suficientes para garantizar este derecho.
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